Hace unos meses el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos.
Es una Ley muy ambiciosa, no sólo por la materia que regula, sino también porque su ámbito de aplicación no se limita a la Administración de la Comunidad Foral, sino que, con una gran proyección, se extiende al conjunto de las Administraciones Públicas navarras, en especial a las entidades locales.
Estas evaluaciones respetarán el principio de voluntariedad. Es decir, la evaluación no se impone, sino que debe ser el reflejo de una cultura modernizadora de cada Administración o unidad competente. Son los órganos y Administraciones navarras los que determinarán el mejor momento para evaluar sus políticas o los servicios que prestan, sobre qué materias y conforme a qué método, técnica o modelo.
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