lunes, abril 20, 2009

Simplificación documental en procedimientos administrativos




Mediante el reciente Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 1 de abril, esta Comunidad Autónoma suprime la obligación de aportar determinada documentación en procedimientos administrativos o establece la sustitución de su aportación, en algunos casos, por declaraciones responsables de los interesados.


Este Decreto consta de tres Capítulos:


• En el Capítulo I se delimita su ámbito de aplicación que comprende todos aquellos procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, sus organismos autónomos vinculados o dependientes y los entes públicos de derecho privado, cuando ejercen potestades administrativas.


• El Capítulo II se dedica a los documentos que, hasta ahora, se vienen exigiendo en gran parte de los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto y cuya presentación obligatoria por los interesados queda suprimida.


• El Capítulo III regula la figura de la declaración responsable, que permite sustituir la presentación de documentos exigidos hasta la actualidad.


En definitiva, finalidad de este Decreto es la mejora de la calidad de los servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en concreto, hacer efectivo el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

sábado, abril 18, 2009

Castilla y León: Plan de Implantación de la e-Administración



Este Plan desarrolla y concreta la estrategia de Modernización de la Administración de Castilla y León 2008-2011 aprobada en el pasado año y de la que ya nos hicimos eco en su momento en este blog.

El objetivo principal de este Plan es facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos a través de medios electrónicos mediante la adecuación de la Administración a los derechos y exigencias que plantea la Ley 11/2007. Además, se plantean varios objetivos adicionales:

- Mejorar la prestación de servicios públicos.
- Mejorar los sistemas de información y comunicación.
- Colaborar con la Administración Local.
- Modernizar la gestión interna de la Administración.
- Implantar las medidas necesarias en unos plazos ajustados y a un coste razonable.
- Potenciar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
Este Plan, que dice disponer de un total de 240 millones de euros para su ejecución, se concreta en 60 ambiciosas medidas que se aplicarán durante el período comprendido entre 2009 y 2011.